Con esta Ley el Gobierno se propuso llevar a cabo una
modernización de los Colegios que ampliara sus fines esenciales, que los abriera a la competencia integrando más a los profesionales en la sociedad, que facilitara la colegiación, que hiciera su gestión más transparente y que sirvieran también para atender y proteger a los consumidores y usuarios. Y creo que el objetivo, recogido en la Ley Ómnibus, se conseguirá. Nunca se ha pretendido retirar facultades a los Colegios Profesionales ni reducir su campo de actuación.
Es verdad que de
todos los sectores afectados, uno de los más importantes para la economía española es el de los Colegios Profesionales. Se trata de un colectivo de alrededor de 1 millón de profesionales colegiados (87 profesiones con Colegio Profesional y alrededor de 140 profesiones reguladas), con una contribución de un 6,1% al empleo total y un 30% del empleo universitario, con un notable peso en el PIB, un 8,8%, y con importantes interrelaciones con otras ramas productivas. Los Colegios conforman, por tanto, un subsector muy relevante dentro del sector servicios (el 84% de los ocupados en profesiones colegiadas se ubican en el sector servicios). Consecuentemente, su regulación y funcionamiento se han visto afectados por la Directiva de Servicios.
Transparencia y simplificación administrativa
Algunos aspectos relacionados con la
libertad de establecimiento, por ejemplo, en cuanto a los regímenes de autorización, permitirán que la colegiación o inscripción sea válida en todo el territorio nacional y tenga carácter indefinido. Además, este procedimiento será transparente, objetivo y dado a conocer con antelación. En definitiva, transparencia y simplificación administrativa. La normativa colegial no podrá contener, por un lado, determinados requisitos prohibidos (prohibición de estar establecido en varios Estados miembros, de naturaleza económica, establecimientos, colegiación previa antes de ejercer, aval financiero o seguro con operadores españoles, etc.). Y, por otro lado, no podrá exigir el cumplimiento de algunos requisitos evaluables, a no ser que resulten necesarios, proporcionales o discriminatorios (obligación de constituirse adoptando una forma jurídica particular, tarifas máximas y/o mínimas, requisitos relativos a la posesión de capital, límites cuantitativos o territoriales, etc).
En cuanto a la
libertad de prestación de servicios, la normativa colegial no podrá exigir condiciones o requisitos a un prestador de servicios profesionales que viene a ejercer temporalmente su actividad en España, como, por ejemplo, estar establecido en el territorio nacional, no poder procurarse en el territorio nacional cierta forma o tipo de infraestructura, que deba prestar el servicio como trabajador autónomo o requisitos sobre el uso de equipos y material que forman parte integrante de la prestación de servicios, con excepción de los necesarios para la salud y la seguridad en el trabajo, etc.
Otras modificaciones de la Ley de Colegios Profesionales también son razonables y surtirán buenos efectos. En este sentido,
se eliminan las restricciones a la publicidad establecidas por normas colegiales, aplicando sólo las previstas en la legislación general, para que el consumidor esté mejor informado y elija mejor. Sólo podrán mantenerse restricciones sobre comunicaciones comerciales cuando cumplan simultáneamente las condiciones de necesidad, proporcionalidad o no discriminación.
También
se eliminan las restricciones impuestas por los Colegios al ejercicio conjunto o simultáneo de dos o más profesiones para aprovechar las sinergias que puedan generar las sociedades multiprofesionales. Es decir, hay que eliminar todos los requisitos que obliguen a los prestadores a ejercer una determinada actividad en exclusiva, así como los que restrinjan el ejercicio de diferentes actividades de manera conjunta o en asociación. Ahora bien, en el caso de las profesiones colegiadas, podrían mantenerse determinadas restricciones únicamente en situaciones en que los códigos deontológicos fueran incompatibles por el carácter específico de cada profesión e impidieran garantizar su independencia e imparcialidad.
También hay medidas en relación con la
supresión por parte de los Colegios Profesionales de los baremos orientativos de honorarios o cualquier otra recomendación de precio.
El visado se exigirá por Real Decreto y se podrá solicitar voluntariamente,
pero su contenido será claro así como la responsabilidad que asuma el Colegio Profesional. Hay
otras buenas medidas relacionadas con las cuotas, el servicio de atención a los usuarios, la implantación y uso de medios telemáticos, la transparencia a través de una Memoria Anual sobre su gestión económica y su actuación disciplinaria en defensa de los intereses de los consumidores. Se refuerza la sujeción de los Colegios al derecho de competencia y la exigencia de colegiación cuando lo establezca una ley.
En relación con la
ventanilla única, todos los procedimientos y trámites relativos al acceso y ejercicio de las actividades de servicios, incluyendo los de las profesiones colegiadas, podrán llevarse a cabo a través de esta ventanilla,
por vía electrónica y a distancia. Se deben informatizar todos los procedimientos y permitir su tramitación o acceso por medio de la ventanilla única.
No hay invasión de las competencias autonómicas
Nada de esto sería efectivo sin la previsión de que los CCPP deban cumplir sus obligaciones en materia de cooperación administrativa facilitando información solicitada por cualquier autoridad de un Estado miembro sobre los colegiados que consten inscritos en sus registros y sobre las sanciones impuestas a sus colegiados.
En relación con la base jurídica de la reforma de la Ley de CCPP en la Ley Ómnibus no se plantean problemas, teniendo en cuenta que se trata de una materia compartida entre Estado y CCAA. Al Estado le corresponde dictar las bases y éstas no agotan la capacidad de regulación de las CCAA. Además,
la determinación de la obligación de colegiación es una competencia exclusiva del Estado.
No hay invasión de las competencias autonómicas.
Primero, porque el respeto a las competencias autonómicas ya aparece en la propia redacción del 149 constitucional, tanto en la cláusula de igualdad del 149.1.1ª –existe jurisprudencia constitucional al efecto- como en el resto de los apartados, cuando señala la competencia estatal referida, por ejemplo, a las bases y coordinación, como cuando establece las cláusulas “sin perjuicio”. Además, el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre los principios y las reglas básicas que corresponde fijar a la legislación estatal en materia de Colegios Profesionales y a la que se deben adaptar las Comunidades Autónomas.
Segundo, porque se está modificando la legislación del Estado y no la autonómica. Y,
tercero, porque las autonomías, igual que las Entidades Locales, modificarán lo que corresponda de acuerdo con sus competencias, transponiendo también la Directiva. Por tanto, las Comunidades Autónomas tienen normas sobre Colegios Profesionales, bastante diferentes, por cierto, y constitucionales actualmente. Se respira un respeto escrupuloso al bloque de la constitucionalidad en unas competencias que son compartidas en esta materia.
Tanto en la elaboración del Proyecto de Ley como en su fase de tramitación parlamentaria ha existido una importante interlocución que ha mejorado de forma notable y evidente el contenido del texto en lo relativo a las modificaciones de la Ley de Colegios Profesionales. Y ello a pesar de que en algún momento se pretendió romper por algún grupo parlamentario el principio del mercado único que persigue la Directiva y las dos leyes estatales de transposición. Por ejemplo, cuando se pretendió supeditar el acceso o el ejercicio de una actividad de servicios a una parte específica del territorio cuando no existía una razón imperiosa de interés general Y no se puede hacer un encaje de bolillos para encontrar esas razones, porque sencillamente no las hay.
En mi opinión, el resultado de la nueva regulación es satisfactorio. Quedan
algunas cuestiones pendientes ya que la
Ley Ómnibus las remite a un desarrollo posterior. Por ejemplo, las relacionadas con la
colegiación obligatoria y la
exigencia de visado colegial. La futura Ley de Servicios Profesionales también les afectará. Pero, indudablemente, se ha dado un paso adelante en la
modernización de los Colegios Profesionales que se sabrá valorar acertadamente con el paso del tiempo. El interés general de la sociedad es el único interés del Gobierno de España y debería serlo también de las organizaciones colegiales.
Artículo de El Confidencial, pincha aquí para acceder al texto original.
